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Urge “abrir” la información del Tec.-El asalto a la razón. Carlos Marín.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, informó ayer que los videos grabados por las cámaras del Instituto Tecnológico de Monterrey, la madrugada del viernes en que dos estudiantes murieron, fueron entregados a la PGR. Sin aventurar plazos, dijo que “no debe pasar mucho tiempo para que esta información se abra a la opinión pública”. Contado el lapso entre la una de la mañana del viernes 19 de marzo y la misma hora de hoy martes, lo único que se ha sabido en 11 días es que los cuerpos de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo estuvieron en una morgue como “individuos desconocidos” durante 36 horas; que tuvieron que ser identificados por sus propios padres; que sus credenciales desaparecieron; que quizá murieron por un granadazo; que la madre del primero aseguró inicialmente que entendía el papel del Ejército en el combate a la delincuencia y ojalá su hijo fuese la última víctima inocente…, pero después dijo sospechar que había sido “torturado”. Ayer, en un puente peatonal próximo al Tecnológico de Monterrey, amanecieron mantas con mensajes que incitan a recordar el señalamiento del gobierno federal (enfatizado recientemente por el Presidente de la República), en el sentido de que los medios de información, cuando reproducen mensajes de probables criminales, “le hacen el juego a la delincuencia”. La exigencia en ellas fue que las autoridades den a conocer los videos de vigilancia del plantel, supuestamente asegurados por la Secretaría de la Defensa, y a la comandancia militar en Nuevo León se le pregunta si los mismos fueron manipulados “a su conveniencia”. Una incluía la leyenda: “Ya basta que (sic) el Ejército siga cometiendo arbitrariedades contra la ciudadanía en su proceder contra la delincuencia, su falta preparación para con la vida civil, y donde (sic) le ha costado la vida a personas inocentes como los estudiantes del Tec que fueron vejados de una forma cobarde por el Ejército y (sic) queriéndolos tratar como delincuentes…”. Aunque despiden el tufo de narcomensajes, no puede negarse que urge una reconstrucción pública y puntual de lo sucedido con esos jóvenes en las primeras horas de aquel viernes. Jorge Antonio y Javier Francisco sólo pudieron morir a manos: o de maleantes o de soldados. De haber quedado atrapados en el fuego cruzado, puede entenderse que fueron víctimas de la circunstancia, pero si los mataron deliberadamente debe saberse cómo y por qué. Si se toma en cuenta la celeridad y precisión con que se conocieron hechos tan intrigantes y complejos como el avionazo en que murió Juan Camilo Mouriño, el atentado contra el futbolista Salvador Cabañas o la desaparición de la niña Paulette, ya va siendo tarde para que, a reserva de lo que haga la PGR, el propio Ejército rinda el parte de lo que pasó.

Lo más importante, en todo caso, es conocer el detalle del que habló ayer el secretario Gómez Mont, al decir que “no debe pasar mucho tiempo para que esta información se abra…”.

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